Los hijos no son moneda de cambio: una visión jurídica sobre la custodia y la convivencia de menores.

En los juicios de custodia y convivencia de menores, una de las distorsiones más graves y extendidas —y al mismo tiempo más normalizadas— es la instrumentalización de los hijos como herramientas de presión, chantaje o represalia entre los padres. Contrario a lo que muchas personas creen o practican, los hijos no son moneda de cambio. No se les puede condicionar, intercambiar o manipular como si fueran bienes transaccionales dentro de un conflicto de adultos. Y mucho menos puede tolerarse que se conviertan en rehenes emocionales o jurídicos bajo la lógica perversa de: “si no pagas la pensión, no los ves” o “si no me das la custodia, no los visitas”.

Esta práctica, tan común como nociva, no distingue género. Hombres y mujeres —sin excepción— pueden asumir, desde posiciones de aparente víctima o agresor, un papel antagonista frente al otro progenitor y utilizar a sus propios hijos como medio para obtener ventajas en el proceso legal o en la relación personal rota.  Lo hacen por ignorancia, por desesperación, por venganza, o simplemente porque han sido educados bajo una cultura anacrónica donde se considera que tener al hijo “de tu lado” te da poder sobre el otro. Nada más lejano a una visión jurídica seria y a una ética mínima de la paternidad y la maternidad responsable.

Custodia y convivencia: derechos del menor, no trofeos del adulto.

En nuestra experiencia profesional —litigando conflictos familiares de alta complejidad— hemos visto cómo la raíz de estos comportamientos no está solo en la malicia de las partes, sino en una cultura jurídica empobrecida, donde incluso algunos operadores del sistema (jueces, peritos, defensores) parecen olvidar que el centro del litigio no es el padre, ni la madre: es el menor. Custodia y régimen de convivencia no son premios, ni castigos, ni herramientas de control. Son instrumentos legales para proteger derechos humanos fundamentales de los niños y niñas, tales como el derecho a convivir con ambos progenitores, a mantener vínculos afectivos estables, y a crecer en un ambiente libre de violencia y manipulación.

Lo que está en juego no es quién “gana” el pleito, sino cómo se garantiza el interés superior del menor, principio rector de todo el derecho familiar en México y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. El problema es que este principio suele invocarse más como una fórmula vacía que como una guía efectiva de decisión judicial.

El chantaje de la pensión alimenticia: una práctica inadmisible.

Una de las formas más recurrentes de esta lógica perversa es condicionar la convivencia con el menor al cumplimiento del pago de la pensión alimenticia. Esta práctica es jurídicamente inaceptable.  La convivencia y los alimentos son derechos distintos, regulados por normas distintas, y con mecanismos diferentes de exigibilidad. No se puede negar a un padre o madre el derecho de ver a sus hijos solo porque no ha pagado la pensión, del mismo modo que no se puede exigir la convivencia como excusa para evadir la obligación alimentaria.

Ambos deberes y derechos deben cumplirse por convicción legal y ética, no por represalia. Y más importante aún: el menor tiene derecho a convivir con sus padres, más allá de las fallas que éstos hayan tenido entre sí.  No se puede castigar al hijo por los errores o incumplimientos de los adultos.

Reformar la conciencia, además del sistema.

Es cierto que el sistema judicial en materia familiar requiere ajustes estructurales: mejores peritajes, resoluciones más ágiles, jueces más capacitados y mecanismos más efectivos de ejecución. Pero ninguna reforma será suficiente si no cambia, desde la raíz, la mentalidad de los litigantes y de la sociedad en general. Mientras los progenitores sigan creyendo que tener la custodia es “ganar el caso” o que impedir las visitas es una forma de ejercer presión para obtener dinero, seguiremos atrapados en una dinámica destructiva donde los únicos que pierden son los menores.

Lo que se requiere es una reforma de fondo en el entendimiento cultural del conflicto familiar: una nueva pedagogía del derecho familiar que parta del reconocimiento de los hijos como sujetos de derecho y no como objetos en disputa. El Estado de Derecho no puede permitir que la justicia familiar funcione como una prolongación de la guerra emocional entre padres.

Nuestra postura: soluciones inmediatas, no excusas eternas.

En Salinas Padilla, Román Ávila & Asociados, S.C., partimos de un principio innegociable: “Soluciones a tus problemas, ahora.”  No toleramos la manipulación del proceso, ni la simulación legal. Nuestra intervención en conflictos de custodia y convivencia no se limita a una defensa técnica, sino a una reconstrucción estratégica del caso, centrada en el respeto pleno a los derechos de los menores. No defendemos posiciones intransigentes, sino soluciones duraderas. Porque entendemos que, en materia familiar, la verdadera victoria no está en un fallo judicial, sino en la posibilidad de sanar, reconstruir y avanzar.

Como lo sostenemos siempre: “Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás.”  No retrocedamos a prácticas oscuras del pasado donde los niños eran botines del conflicto. Demos pasos firmes hacia un sistema donde cada decisión familiar esté orientada por el interés superior del menor, con madurez jurídica, ética y humana.

José Roberto Salinas Padilla

CEO | Salinas Padilla | Strategic Legal