El artículo 37 define los límites constitucionales de la nacionalidad y ciudadanía mexicanas, al prohibir su pérdida por nacimiento, pero permitiendo su revocación por naturalización o por actos contrarios a la soberanía nacional. Este análisis explora cómo estas disposiciones garantizan la fidelidad política del ciudadano y la integridad del Estado frente a influencias extranjeras..

El Artículo 25º de la Constitución Mexicana establece la rectoría económica del Estado para garantizar un desarrollo nacional integral, sustentable y soberano. Su finalidad es promover empleo, competitividad y una justa distribución de la riqueza, regulando la interacción de los sectores público, social y privado. Este análisis explica sus principios, obligaciones estatales y retos frente a la desigualdad y la dependencia económica.

El Artículo 22º de la Constitución Mexicana prohíbe las penas inusitadas e infamantes, como la pena de muerte, la tortura o multas excesivas, y establece el principio de proporcionalidad en las sanciones. Regula además la figura de la extinción de dominio, que permite al Estado recuperar bienes vinculados con delitos graves bajo control judicial. Este análisis explica sus alcances, principios y retos en su aplicación.

El Artículo 10º de la Constitución Mexicana reconoce el derecho de poseer armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa, pero bajo regulación estricta. La ley establece qué armas están permitidas y prohíbe la portación libre fuera del hogar. Este análisis explica su alcance, limitaciones y obligaciones del Estado para equilibrar este derecho con la seguridad pública.

El Artículo 9º de la Constitución Mexicana garantiza el derecho a reunirse o asociarse pacíficamente con fines lícitos, sin permiso previo de la autoridad. Prohíbe reuniones armadas y limita las de carácter político a ciudadanos mexicanos. Este análisis explica su alcance, requisitos, límites y la obligación del Estado de respetar y proteger la organización ciudadana como pilar de la democracia.

El Artículo 2º de la Constitución Mexicana reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como parte esencial de la Nación, garantizando su libre determinación, autonomía y derechos colectivos. Obliga al Estado a preservar su cultura, lengua, territorio y recursos, y a consultarlos antes de cualquier medida que les afecte. Este análisis explica su alcance, obligaciones y retos para una verdadera justicia histórica.