Artículo 26º Constitucional: Planeación democrática del desarrollo nacional.

salinaspadillayaso
25 ago
3 Min. de lectura

Artículo 26 Constitucional explicado: planeación democrática y desarrollo nacional en México.

El Artículo 26º Constitucional ordena que el Estado organice un Sistema de Planeación Democrática para conducir el desarrollo nacional de manera integral y sustentable. Esta planeación debe fortalecer la soberanía, la democracia y la justicia social, garantizando que la participación de la sociedad sea parte esencial del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

A diferencia del mercado desregulado o del autoritarismo económico, este artículo busca un modelo de desarrollo planificado, democrático y participativo, donde el crecimiento económico se vincule directamente con el bienestar social.

Contenido esencial del Artículo 26º.

Sistema Nacional de Planeación Democrática.
- El Estado debe planear, coordinar y evaluar el desarrollo nacional.
- La planeación debe ser democrática, permitiendo la participación activa de diversos sectores de la sociedad.
Finalidad de la planeación.
- Lograr un desarrollo integral, equitativo y sustentable.
- Consolidar la soberanía y fortalecer la democracia.
- Asegurar una justa distribución del ingreso y la riqueza.
Planes y programas.
- El Plan Nacional de Desarrollo y otros instrumentos deben guiar las políticas públicas y la acción estatal.
- Las metas económicas deben alinearse con objetivos de justicia social y sustentabilidad.
Participación ciudadana.
- Se reconoce el derecho de la sociedad a participar en la definición de prioridades y objetivos de desarrollo.
Organismos de coordinación y evaluación.
- El Congreso y los órganos de planeación supervisan y dan seguimiento a las políticas de desarrollo.

Principios fundamentales del Artículo 26º.

1. Planeación como mandato constitucional.

El desarrollo no puede depender solo de intereses privados: es deber del Estado dirigirlo democráticamente.

2. Democracia participativa.

El pueblo no solo elige gobernantes, también debe influir en cómo se planifica el futuro económico y social.

3. Equidad y justicia social.

Toda planeación debe priorizar la reducción de desigualdades y el bienestar colectivo.

4. Sustentabilidad.

El desarrollo económico debe ser compatible con la protección ambiental y las generaciones futuras.

Obligaciones del Estado.

El Estado mexicano debe:

Formular y actualizar planes de desarrollo en consulta con la sociedad.
Garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social.
Incorporar criterios de equidad, justicia y sustentabilidad en todas las políticas públicas.
Coordinar a la Federación, Estados y Municipios en la planeación nacional.
Rendir cuentas sobre el cumplimiento de objetivos de desarrollo.

Retos y realidades.

En la práctica, este artículo enfrenta desafíos significativos:

Planificación de corto plazo que cambia con cada administración, debilitando la continuidad.
Débil participación ciudadana, reducida muchas veces a formalidades.
Falta de indicadores claros y evaluaciones reales del impacto social de los planes de desarrollo.
Contradicciones entre objetivos de justicia social y políticas que favorecen intereses económicos concentrados.

Mexicanos y extranjeros: mismo impacto.

Aunque la planeación democrática se centra en el pueblo mexicano, su impacto también afecta a residentes y extranjeros en el país, ya que determina políticas económicas, sociales y ambientales que inciden en toda persona en el territorio nacional.

Conclusión: planear con democracia, no improvisar con ocurrencias.

El Artículo 26º Constitucional establece que México no puede dejar su futuro al azar ni a la lógica exclusiva del mercado. Planear con democracia, justicia y participación social es la única forma de garantizar un desarrollo equitativo y sustentable.

Desde Salinas Padilla | Strategic Legal lo sostenemos con firmeza: