Salinas Padilla, Román Ávila & Asociados, Firma Legal

El Artículo 29º de la Constitución Mexicana regula la suspensión de derechos en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o emergencias que pongan en riesgo a la sociedad. Establece que el Ejecutivo necesita autorización del Congreso, que las medidas sean proporcionales, temporales y bajo control judicial. Este análisis explica sus principios, límites y retos para evitar abusos de poder y proteger la democracia en México.

El Artículo 28º de la Constitución Mexicana prohíbe los monopolios, las prácticas anticompetitivas y los privilegios fiscales injustificados. Reconoce áreas estratégicas reservadas al Estado y establece organismos autónomos como la COFECE y el IFT para garantizar la libre competencia. Este análisis explica sus principios, obligaciones estatales y los retos que enfrenta México frente a la concentración económica y la soberanía en sectores clave.

El Artículo 27º de la Constitución Mexicana declara que la propiedad originaria de tierras, aguas y recursos naturales corresponde a la Nación. Regula la propiedad privada con función social, el régimen agrario, la soberanía sobre hidrocarburos y minerales, y la expropiación por causa de utilidad pública. Este análisis explica sus principios, obligaciones del Estado y retos actuales frente a desigualdad, privatización y daño ambiental.

El Artículo 26º de la Constitución Mexicana establece la obligación del Estado de conducir un Sistema Nacional de Planeación Democrática. Busca un desarrollo integral, equitativo y sustentable que fortalezca la soberanía, la justicia social y la participación ciudadana. Este análisis explica sus principios, la importancia del Plan Nacional de Desarrollo y los retos para evitar improvisación y garantizar continuidad en las políticas públicas.

El Artículo 25º de la Constitución Mexicana establece la rectoría económica del Estado para garantizar un desarrollo nacional integral, sustentable y soberano. Su finalidad es promover empleo, competitividad y una justa distribución de la riqueza, regulando la interacción de los sectores público, social y privado. Este análisis explica sus principios, obligaciones estatales y retos frente a la desigualdad y la dependencia económica.

El Artículo 23º de la Constitución Mexicana prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito (non bis in idem), establece que los juicios penales solo tendrán una instancia y prohíbe la doble persecución con absolución previa. Este análisis explica sus alcances, principios y retos para evitar abusos procesales y garantizar seguridad jurídica en el sistema penal mexicano.

El Artículo 22º de la Constitución Mexicana prohíbe las penas inusitadas e infamantes, como la pena de muerte, la tortura o multas excesivas, y establece el principio de proporcionalidad en las sanciones. Regula además la figura de la extinción de dominio, que permite al Estado recuperar bienes vinculados con delitos graves bajo control judicial. Este análisis explica sus alcances, principios y retos en su aplicación.

El Artículo 21º de la Constitución Mexicana establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo control judicial. Regula la seguridad pública como función de los tres niveles de gobierno, las sanciones administrativas y la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este análisis explica sus principios, alcances y los retos que enfrenta México para garantizar seguridad con legalidad.

El Artículo 20º de la Constitución Mexicana establece los derechos de imputados y víctimas dentro del proceso penal. Reconoce la presunción de inocencia, el derecho a defensa y juicio público para el imputado, y garantiza a las víctimas asesoría jurídica, reparación del daño y participación en el juicio. Este análisis explica el alcance y retos de este precepto fundamental del sistema penal acusatorio y oral en México.

El Artículo 19º de la Constitución Mexicana protege la libertad personal al establecer que ninguna detención puede exceder 72 horas sin resolución judicial. Regula la prisión preventiva, prohibe las prisiones secretas y garantiza el debido proceso penal. Este análisis explica su alcance, principios y los retos actuales, como el abuso de la prisión preventiva oficiosa y la vulneración de derechos humanos en México.

El Artículo 18º de la Constitución Mexicana establece que el sistema penitenciario debe basarse en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte, con el fin de lograr la reinserción social. Regula la prisión preventiva, la separación de internos y la dignidad de las personas privadas de la libertad. Este análisis expone su alcance, principios y retos en la realidad penitenciaria de México.

El Artículo 16º de la Constitución Mexicana protege la seguridad jurídica al establecer que nadie puede ser molestado sin mandamiento escrito que funde y motive la causa legal. Garantiza la inviolabilidad del domicilio, regula cateos y detenciones, restringe la intervención de comunicaciones y protege los datos personales. Este análisis explica su alcance y los retos para evitar abusos de autoridad en México.

El Artículo 15º de la Constitución Mexicana prohíbe tratados de extradición por delitos políticos y la entrega de esclavos que busquen libertad en territorio nacional. Refleja el compromiso histórico de México con el asilo político, la soberanía y la defensa absoluta de la dignidad humana. Este análisis explica su alcance, límites y los retos actuales frente a presiones internacionales y la esclavitud moderna.

El Artículo 14º de la Constitución Mexicana protege la seguridad jurídica al prohibir la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna y garantizar el debido proceso. Establece que nadie puede ser privado de su libertad, propiedades o derechos sin un juicio justo y conforme a la ley vigente. Este análisis explica su alcance, principios fundamentales y retos actuales en la práctica judicial mexicana.

El Artículo 13º de la Constitución Mexicana prohíbe fueros personales, leyes privativas y tribunales especiales. Establece que todos son iguales ante la ley y limita el fuero militar a delitos estrictamente castrenses, asegurando que los civiles nunca sean juzgados por tribunales militares. Este análisis explica su alcance, límites y retos para consolidar la justicia sin privilegios en México.

El Artículo 12º de la Constitución Mexicana prohíbe conceder o reconocer títulos de nobleza, prerrogativas u honores hereditarios. Afirma el carácter republicano e igualitario del Estado, donde los derechos y dignidad no dependen del linaje, sino de la condición de ciudadano. Este análisis explica su alcance, su sentido histórico y su papel en la defensa de la igualdad política en México.

El Artículo 10º de la Constitución Mexicana reconoce el derecho de poseer armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa, pero bajo regulación estricta. La ley establece qué armas están permitidas y prohíbe la portación libre fuera del hogar. Este análisis explica su alcance, limitaciones y obligaciones del Estado para equilibrar este derecho con la seguridad pública.

El Artículo 8º de la Constitución Mexicana reconoce el derecho de petición como prerrogativa exclusiva de los ciudadanos de la República. Permite solicitar formalmente a cualquier autoridad, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, una respuesta en breve plazo. Este análisis explica sus requisitos, obligaciones para la autoridad y limitaciones, así como su valor como herramienta de control ciudadano.

El Artículo 6º de la Constitución Mexicana garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información para todas las personas. Reconoce el acceso a información pública, la protección de datos personales y el derecho a Internet y telecomunicaciones. Este análisis explica su alcance, obligaciones estatales y retos para que la expresión libre y la transparencia sean pilares efectivos de la democracia mexicana.

El Artículo 5º de la Constitución Mexicana garantiza la libertad de dedicarse a cualquier trabajo, profesión o industria lícita, prohíbe el trabajo forzoso y protege contra la explotación laboral. Reconoce la regulación de profesiones que requieren título, y permite limitar actividades solo por interés público. Este análisis expone su alcance, obligaciones estatales y retos para hacer de la libertad laboral una realidad en México.