El artículo 37 define los límites constitucionales de la nacionalidad y ciudadanía mexicanas, al prohibir su pérdida por nacimiento, pero permitiendo su revocación por naturalización o por actos contrarios a la soberanía nacional. Este análisis explora cómo estas disposiciones garantizan la fidelidad política del ciudadano y la integridad del Estado frente a influencias extranjeras..

El artículo 36 constitucional establece las obligaciones del ciudadano mexicano como complemento de sus derechos políticos. Este análisis examina la función estructural de dichas obligaciones como compromisos indeclinables en la construcción del Estado democrático: desde el voto hasta la participación en funciones públicas, pasando por el registro cívico y el servicio comunitario.

El artículo 35 reconoce los derechos del ciudadano mexicano: votar, ser votado, asociarse, revocar mandatos y participar en consultas populares. Este análisis jurídico interpreta cada inciso como una vía estructural de control, legitimación y transformación del poder político desde la ciudadanía.

El artículo 31 establece obligaciones del ciudadano mexicano: educación, defensa y contribución fiscal. Este análisis cuestiona si el Estado cumple su parte en el contrato social. Un deber no puede sostenerse si no existe garantía correlativa. Aquí se revela un pacto constitucional desequilibrado.

El artículo 30 define quién es mexicano y marca el inicio del contrato social. No es un trámite, es un acto fundacional del poder. Este análisis desentraña su sentido jurídico y político: pertenencia, soberanía, legitimidad y el rol estratégico de la nacionalidad en el diseño constitucional.

Iniciamos una serie de análisis constitucional del artículo 30 al 136, donde se estructura el poder público en México: nacionalidad, ciudadanía, división de poderes, federalismo y mecanismos de reforma. Esta sección revela el verdadero contrato social mexicano. Cada entrega desentrañará, artículo por artículo, el diseño del poder desde una visión crítica, jurídica y reformadora.

El Artículo 27º de la Constitución Mexicana declara que la propiedad originaria de tierras, aguas y recursos naturales corresponde a la Nación. Regula la propiedad privada con función social, el régimen agrario, la soberanía sobre hidrocarburos y minerales, y la expropiación por causa de utilidad pública. Este análisis explica sus principios, obligaciones del Estado y retos actuales frente a desigualdad, privatización y daño ambiental.

El Artículo 25º de la Constitución Mexicana establece la rectoría económica del Estado para garantizar un desarrollo nacional integral, sustentable y soberano. Su finalidad es promover empleo, competitividad y una justa distribución de la riqueza, regulando la interacción de los sectores público, social y privado. Este análisis explica sus principios, obligaciones estatales y retos frente a la desigualdad y la dependencia económica.

El Artículo 24º de la Constitución Mexicana protege la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Toda persona puede profesar o no una religión y ejercer su fe, siempre que el culto público se realice en templos o lugares permitidos por la ley. Este análisis explica el alcance de este derecho, la importancia del Estado laico y los retos actuales en torno a la tolerancia y la diversidad religiosa en México.

El Artículo 23º de la Constitución Mexicana prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito (non bis in idem), establece que los juicios penales solo tendrán una instancia y prohíbe la doble persecución con absolución previa. Este análisis explica sus alcances, principios y retos para evitar abusos procesales y garantizar seguridad jurídica en el sistema penal mexicano.

El Artículo 15º de la Constitución Mexicana prohíbe tratados de extradición por delitos políticos y la entrega de esclavos que busquen libertad en territorio nacional. Refleja el compromiso histórico de México con el asilo político, la soberanía y la defensa absoluta de la dignidad humana. Este análisis explica su alcance, límites y los retos actuales frente a presiones internacionales y la esclavitud moderna.

El Artículo 2º de la Constitución Mexicana reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como parte esencial de la Nación, garantizando su libre determinación, autonomía y derechos colectivos. Obliga al Estado a preservar su cultura, lengua, territorio y recursos, y a consultarlos antes de cualquier medida que les afecte. Este análisis explica su alcance, obligaciones y retos para una verdadera justicia histórica.